20 millones de españoles tienen seguros de vida. Muchas personas lo contratan porque así el banco les mejora la hipoteca, o porque está incluido con la cuota de la tarjeta de crédito. Lo que la gente desconoce es que este tipo de producto es un auténtico filón de rentabilidad para quienes lo gestionan.

En España, en 2017, los seguros de vida-riesgo generaron unas provisiones técnicas de 5.964 millones de euros, de acuerdo con datos divulgados por Unespa, la patronal del sector. De este importe, casi la mitad son seguros de vida renovables anualmente.

Es decir, que el asegurado paga una prima por estar cubierto 12 meses, pero cuando vence el contrato la aseguradora no tiene obligación de volverle a asegurar.

Este tipo de seguros están controlado mayoritariamente por los bancos, con una cuota de mercado que supera el 70%. Es a través de las sucursales donde más pólizas de vida se comercializan, y otros canales aseguradoras se han quejado reiteradamente de prácticas abusivas en la venta de estos productos.

El último caballo de batalla es la reforma de la ley hipotecaria, que prohibirá condicionar la concesión del préstamo a la contratación de otros productos y obligará a los bancos a aceptar que el cliente contrate el seguro de vida (en caso de que sea necesario) con la aseguradora que desee.

Una de las consecuencias que tiene la fuerte implantación de los bancos en la distribución de seguros es que acaban imponiendo precios caros en estas pólizas. En muchas ocasiones buscan compensar así los descuentos en el precio de la hipoteca.

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Un estudio realizado recientemente, pone de relieve las enormes diferencias que existen entre contratar un seguro en la sucursal del banco y hacerlo a través de otros canales.

Por término medio, recurrir al banco para este tipo de pólizas supone pagar un 48,3% más que si se adquiere por medio de una aseguradora tradicional.

Esta consultora elaboró el informe visitado de incógnito las oficinas 12 bancos y 15 compañías de seguros para pedir precio al contratar un seguro que garantice un capital de 120.000 euros en caso de fallecimiento o invalidez permanente.

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